La educación en el campo de batalla: por Aylwin, Mariana

Martes 16 de Abril de 2013

Fuente: La Segunda

Cuando escribo estas líneas, me imagino que la suerte ya está echada sobre lo que pasará con la acusación constitucional contra el ministro de Educación. No obstante, quiero reiterar las razones por las cuales considero que se trata de un error político, además de ser injusta; tanto como lo fue la acusación contra la ministra Provoste.

Mi desacuerdo no tiene que ver con una defensa a este ministro en particular (todos los ministros son reemplazables), sino con los efectos que ella tendrá para poder realizar los cambios que el país requiere en el ámbito educativo, entre ellos la regulación del sistema de educación superior.

Es cierto que el Gobierno no ha contribuido en nada con la forma en que ha enfrentado la acusación, optando por el camino de la arrogancia y la descalificación, en vez de persuadir y buscar aliados, y mostrando una vez más la torpeza política que lo ha caracterizado para enfrentar los conflictos.

No obstante, tengo la convicción, derivada de mi experiencia personal en el ministerio, de que la institucionalidad entrega escasas facultades para fiscalizar a las universidades luego de que éstas adquieren su autonomía.

No es casualidad que casi todos los casos en que se decretó el cierre de una universidad (entiendo que son dieciocho en total) se realizaron durante el proceso de licenciamiento para obtener la autonomía, etapa en que el Consejo Superior de Educación debe hacer un riguroso seguimiento.

Pero, una vez obtenida la autonomía, las universidades están sujetas a mínimas regulaciones, conforme a una legislación que nació inspirada en el principio de que el mercado se encargaría de ello.

Por su parte, el ministerio ni siquiera cuenta con una subsecretaría encargada del tema, sino con una escuálida División de Educación Superior, sin recursos ni atribuciones para fiscalizar adecuadamente.

Añádase a ello que el lucro se obtiene a través de subterfugios que no infringen abiertamente la legalidad.

Nadie está obligado a hacer lo imposible.

Pero el problema mayor es, a mi juicio, el clima de polarización que la acusación genera y que pone a la educación, una vez más, en un campo de batalla.

Guste o no guste, los avances en educación no sólo requieren mayorías, sino acuerdos.

Se trata de un sector que históricamente ha convivido con visiones muy distintas. Los candidatos de la Concertación se han comprometido con metas ambiciosas para el próximo gobierno: fin al lucro y avanzar hacia la gratuidad. Si esa coalición gana —como parece ser que ocurrirá—, requerirá contar con apoyos de la oposición para cumplir esos compromisos.

No veo de qué otra manera podrían aprobarse cambios sistémicos que incluyen además una nueva reforma tributaria.

Estas cosas dejan heridas que se demoran en cicatrizar, como lo demuestra la importancia que a propósito de esta discusión ha retomado la acusación que se hizo a la ministra Provoste.

Lo paradójico es que, por primera vez, tenemos a una derecha que se ha abierto a regular el sistema de educación superior, ya sea porque “otra cosa es con guitarra” o por la presión del movimiento estudiantil, que ha contribuido a hacer visible una legislación absolutamente sobrepasada por la realidad, la cual se ha mantenido principalmente debido al cerrado cerrojo puesto por los parlamentarios de la Alianza.

Por eso, concluyo preguntándome:

¿A quién le conviene la acusación constitucional contra el ministro de Educación?

¿A los estudiantes?

¿A los partidos y candidatos de la oposición?

¿Al país?

Me parece que, en una mirada más amplia, a ninguno de los anteriores.

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About profesorbaker

Thomas Baker is the Past-President of TESOL Chile (2010-2011). He enjoys writing about a wide variety of topics. The source and inspiration for his writing comes from his family.
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